DEFENSOR DEL PUEBLO

Entre los muchos cargos que los gobernantes de turno vienen empeñando en demostrar su eficacia, se encuentra  el de Defensor del Pueblo y toda la carga administrativa que conlleva la financiación de dichos organismos para el Gobierno central,  Comunidades Autónomas y ciudades de toda España.

Es cierto que, en tiempos de vacas gordas, cuando los problemas pendientes de resolver eran de entidad menor; cuando los ciudadanos miraban el futuro con esperanza, la figura del Defensor del Pueblo solía ser la cara amable de la democracia, y también el espejo donde todos los políticos competían por verse reflejados en él. Pero si nos vamos al extremo opuesto y analizamos la situación de crisis actual, lo que se percibe en la mayoría de los ciudadanos es desánimo y tristeza, viendo cómo su proyecto de vida se les ha venido abajo, lo que apremia la necesidad de la solución de problemas. En esta situación, el cometido del Defensor del Pueblo se convierte en la paradoja de lo que realmente representa. Es decir, si los gobernantes que están en vanguardia de la política no tienen medios ni ciencia para garantizar a los ciudadanos sus derechos básicos, no se entiende qué argumentos puede esgrimir el Defensor del Pueblo para desempeñar sus funciones con eficacia y autoridad. Pero aún resulta más paradójico cuando, como todos sabemos, el Defensor del Pueblo suele ser un servidor nombrado a dedo por los gobiernos que gozan de la mayoría en las distintas corporaciones públicas.

Entre otros casos que claman al cielo, en los que se echa en falta la utilidad del Defensor del Pueblo, podemos mencionar  los más de quinientos desahucios que se producen es España cada día a ciudadanos indefensos, sin una ley que los proteja de la usura de los bancos, ya que  la actual Ley Hipotecaria no se ajusta a las necesidades de la situación actual.

En los informes monográficos que viene elaborando cada año sobre la crisis y los deudores hipotecarios la Defensora del Pueblo de España, viene a decir lo que todos sabemos y que la UE  ya ha corregido al Gobierno español en varias ocasiones, en el sentido de que la Ley Hipotecaria hay que actualizarla para terminar con los abusos. Pero como está demostrado, después de una retahíla de estudios y elaboración de informes caducos que cuestan una fortuna, todo queda en agua de borrajas.

Cabre