¿AHORA NOS LAMENTAMOS?

Resulta extraño que en este país tan dado a calibrar a los ciudadanos por sus valores morales y cívicos, ocurran cosas tan sorprendentes y contradictorias. Y son sorprendentes hasta el punto que se percibe un brote de esquizofrenia colectiva que empieza a ser preocupante.

La creciente degradación del planeta, apoyado por políticas voraces y poco respetuosas con el medio ambiente, es ya una amenaza mundial, que los científicos vienen anunciando desde hace varias décadas. Las medidas correctoras dictan mucho de ser cumplidas de forma rigurosa, ya que la expansión del ladrillo y el beneficio fácil, por excesiva permisividad urbanística, se han venido afincando en las cavernas del dinero, donde no se entiende el progreso si no es invadiendo territorio, aunque ese progreso sea la guillotina que un día nos puede decapitar.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el cemento ha crecido cinco veces más que en la UE, por lo que Europa formalizó en su día denuncia contra el urbanismo valenciano. Pero sus dirigentes no se inmutaron ni se dieron tampoco por aludidos, más bien todo lo contrario, se recreaban presentando su atropello como un avance del desarrollo económico. No en vano, de sus 476 kilómetros de costa sólo quedan 154 y 34 de estos kilómetros ya no tienen ninguna protección. La invasión de 2000 a 2006 ha sido entre 16.000 a 25.000 Has, lo que hace que la Comunidad Valenciana sea la región que más alto riesgo tiene de desertización de todo España. Y lo sorprendente es que cuando se frena la invasión de territorio y se ralentiza la construcción salvaje, nos amenazan diciendo que será ruinoso, ya que repercutirá en perjuicio de la economía.

No deja de ser alarmante que entre los años 1990 y 2005 se haya construido en España tanto como en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, mientras que la vivienda de protección oficial sigue bajo mínimos y pasa a ser de dominio de los especuladores para enriquecerse, mientras que los jóvenes y trabajadores han caído en las garras de bancos e inmobiliarias y son hipotecados para el resto de sus días.

Ante esta situación de río revuelto, de un modo montaraz, la codicia ha permitido amasar grandes fortunas mediante comisiones, apropiación de plusvalías y otras chapuzas, ya que algunas comunidades han dejado en manos privadas sus competencias. Todo ello ha provocado que muchos bribones resulten incriminados en delitos de corrupción, enviándoles a prisión en unos casos, o quedando en libertad bajo fianza, en otros. Lo cierto es que, indicios, lo que se dice indicios, los hay y muchos, especialmente a lo largo y ancho de la costa levantina y Andalucía. Pero aún se viene dando otro fenómeno. Y es que, varios inculpados han salido reforzados por el voto popular en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, inclusive con mayoría absoluta, como el caso Fabra en Castellón, lo que parece ser que les da derecho a ser amnistiados de sus procesos judiciales.

Cuando todo esto sucede, digo, en lugar de manifestar los ciudadanos públicamente su repulsa y protesta, exigiendo castigo para estos presuntos, y no presuntos imputados, algunos ciudadanos se echan a la calle defendiendo su inocencia, a la vez que se manifiestan contra la decisión de los jueces. Esto es: con su actitud nos están diciendo que los que realmente prevarican son los jueces en beneficio de otros intereses. Pero admitiendo que los jueces son humanos y que también se puedan equivocar, cuando se habla de cientos de casos punibles de esta naturaleza, siempre será más fiable la palabra de la justicia que la de un imputado o sus defensores.

Es evidente que la democracia protege a cualquier inculpado y le da derecho a defenderse para demostrar su inocencia o para aplacar las iras de la justicia. Pero llevar a la calle la protesta en defensa de los corruptos ya imputados judicialmente o recibirles como héroes cuando salen de prisión, como el caso de Julián Muñoz, es tanto como cuestionar la existencia misma de la democracia, o tener que admitir que nos estamos volviendo todos absolutamente locos.